Reducir la mortalidad materna, ¿con el Plan Familia y penalizando el aborto?

Por Samantha Gordillo

Hace poco escuchábamos en la sabatina presidencial que uno de los objetivos del milenio pendientes es reducir la tasa de mortalidad materna, cuyo alto índice es reflejo de desigualdad y pobreza; cuando se trazó el objetivo del milenio, se incluyó dentro del mismo objetivo de reducir la tasa de mortalidad materna, reducir la tasa de morbilidad materna, es decir los daños a la salud de las mujeres en edad reproductiva por temas relacionados a la maternidad. Estos hechos que están relacionados, y que es impensable pensar lo uno sin lo otro, fueron señalados por el Presidente Rafael Correa, y por la Ministra de Salud, como pendientes e importantes dentro de la agenda de políticas públicas. ¿Deuda? Si, ambas.

Las políticas públicas pensadas para reducir la tasa de mortalidad materna, deben formularse integralmente, atacando si sus problemas más visibles como la falta de médicos o la necesidad de mejorar aún más la infraestructura de hospitales, pero también pensando en los problemas estructurales que la provocan, en la desigualdad y la pobreza, en las condiciones de acceso de las mujeres de todas partes a los servicios de salud, en la calidad y la calidez con que estos servicios son brindados, y en las principales razones que causan problemas de salud para las mujeres o que ponen en riesgo su vidas, dejando de lado taras y temas que resultan incomodos para algunos. Aquí el tema que viene a colación, y del que urge hablar, aunque más de uno y una prefieran evitarlo, es la ilegalidad del aborto.

Pese a su ilegalidad, conocemos por las cifras de colectivas de mujeres no oficiales y por cifras oficiales hasta el 2013, que entre las principales causas de morbilidad materna se encuentran los abortos, y que dada su condición de ilegalidad en su gran mayoría se practican por personas no calificadas e inescrupulosas, en condiciones insalubres o a través de métodos caseros que ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres, sobretodo de las mujeres de menores recursos económicos y con menores posibilidades de acceso a servicios de salud, es decir, nuevamente, debido a condiciones de pobreza y desigualdad.

Las mujeres pobres, negras, indígenas, mestizas, todas arriesgan su vida y su salud practicándose, a como dé lugar, abortos clandestinos, muchas ya no están aquí, otras tendrán secuelas en su cuerpo de por vida; mientras quienes tienen mayor acceso a recursos económicos, también abortan, pero podrán costearse un aborto, que siendo ilegal es seguro, cuyo costo bordea los 400 dólares como mínimo, por quienes lucran de la ilegalidad del aborto, en cuyo caso una mujer trabajadora que gane un salario básico unificado, no podrá costearlo y seguirá arriesgando su vida y su salud.

¿Cómo reducir la morbilidad materna y con ella la mortalidad sin despenalizar el aborto? Podremos contratar mil, dos mil, tres mil médicos más, lo cual es reconocible y aplaudible, además de necesario, pero no dejarán de llegar a las salas de emergencia de los hospitales mujeres con heridas en su útero, hemorragias, etc., a causa de abortos mal practicados, o de introducirse agujetas, cuchillos, armadores, pinchos, veneno para ratas en la vagina para abortar, o intoxicadas por probar hierbas y otros remedios caseros para abortar, y en otros casos, seguirán muriendo estas mujeres que por miedo ni siquiera acudirán a los hospitales.
Preocupa aún más, ahora, cuando en una sabatina pasada se anunció el cambio de enfoque del ex ENIPLA, en cuyos puntos principales buscaba reducir el embarazo adolescente a través de la información acertada sobre sexualidad y del acceso oportuno a métodos anticonceptivos, y que ahora se llamará Plan Familia y se enfocará en educar a través de valores ¿qué valores? ¿De quién? Si la alta tasa de embarazo en adolescentes en nuestro país, puede ser, en gran medida herencia de los valores conservadores que negaron el acceso a información y anticonceptivos, ¿cómo desde ahí se pretende sanear este problema?

Pese a todos los esfuerzos por reducir estas tasas de mortalidad y morbilidad materna, si no lo pensamos de forma integral, estos esfuerzos no serán suficientes, y seguiremos siendo las mujeres quienes paguemos las consecuencias de no comprender la despenalización del aborto, como un problema de salud pública y no como un problema de valores o creencias.

Falta mucho por hacer en temas de salud sexual y reproductiva, y quedan deudas pendientes, por las que luchar y construir caminos, pero si a esas deudas le empezamos a sumar retrocesos como el de Plan Familia, ¿cómo se pretende sanearlas? Si empezamos a caminar hacia atrás, si retrocedemos en lo ganado, le estamos sumando peso al camino. Camino al que no le tenemos miedo, pero en el que no necesitamos más trabas de las que ya tenemos.

¡Todas queremos vivir! Por nuestros derechos, por las que ya no están, por las que son castigadas, por las que son señaladas, por todas, hay que defender nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad.

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