La inteligencia prot-agónica

Por Valeria Puga

La muerte del fiscal argentino Alberto Nisman -que investigaba el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994 en el centro de Buenos Aires- ha colocado nuevamente el debate del control de los aparatos de inteligencia en la región.

El fiscal Nisman denunció a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de encubrir a los autores del pogromo y, sobre todo, de colaborar con Irán. La sorpresiva muerte de Nisman a pocos días de la acusación, desató una fuerte campaña mediática en contra de la presidenta argentina.

Fernández de Kirchner dijo estar convencida de que el asesinato del Fiscal fue producto de un complot de espías de inteligencia para desfavorecer a su gobierno y anunció la disolución de la Secretaría de Inteligencia – institución que ha mantenido la misma estructura desde el retorno a la democracia en 1983– y la creación de una Agencia Federal de Inteligencia. La propuesta de Ley de Reforma Integral del Sistema de Inteligencia, presentada por el ejecutivo, fue finalmente, aprobada por el Congreso de la Nación, este 26 de febrero, con 131 votos a favor y 71 en contra. Con ello, se abrió paso a la creación de la Agencia.

El nombre de un ex director general de operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Jaime Stiuso, ha sido el primer sospechoso en vincularse a la muerte de Nisman. La última llamada del fiscal registra a Stiuso, quien ahora está siendo investigado. Para el kirchnerismo, varios miembros de la inteligencia actuaron fuera del control del Estado.

Y todo apunta a la existencia de una inteligencia que funcionaba como un gobierno en la sombra. El juez Daniel Rafecas, desestimó la causa en contra de la Presidenta el jueves 26 de febrero por no haber hallado elementos suficientes para abrir una causa penal.

El caso de la muerte del Fiscal Alberto Nisman revela la debilidad del control de las estructuras de inteligencia. La misma investigación del atentado a la AMIA destapó encubrimientos y “conexiones locales” de los terroristas con miembros de la policía y la inteligencia argentina.

En la nación conosureña, la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia –de mayoría oficialista- era el único organismo encargado de supervisar las acciones de la Secretaría de Inteligencia. No obstante, la Comisión se habría reunido apenas dos veces en 2014 y habría firmado cinco dictámenes entre 2007 y 2012.

¿Quién controla a las estructuras de inteligencia?

La gran pregunta que se continúa debatiendo en la región – al menos desde los 80’s y 90’s con el retorno a la democracia- es ¿quién controla a las instituciones de inteligencia? De manual, quienes tengan la responsabilidad de controlar las actividades de inteligencia, deben procurar una estructura fuerte y autónoma que logre ejercer su autoridad frente a aquel oscuro poder.

Las estructuras de inteligencia en América Latina se remontan a las décadas de dictadura que iniciaron entre los 60s y 70s. Bajo la influencia de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) se impuso en la región la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que encargaba a las Fuerzas Armadas del control del orden interno, principalmente del combate a la “amenaza comunista”.

A partir de los 90s, la mayor parte de gobiernos de la región emprendió un conjunto de reformas para reestructurar los aparatos de inteligencia.   Por ejemplo, la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) fue creada en 1999; en Argentina se sancionó la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior en 1992, que permitió la creación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior e Inteligencia; en Perú, se promulgó en 2001 la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia; en Chile, en 2004, la Ley Nº19.974 sobre el Sistema de Inteligencia del Estado creó la Agencia Nacional de Inteligencia; en México, en 1989 se creó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que ha sido sometido a varias reestructuraciones; y, en Ecuador, en 2009 se reemplazó a la Dirección Nacional de Inteligencia por la Secretaría Nacional de Inteligencia.

Pese a todas estas reestructuraciones y cambios en el andamiaje institucional, cierta inercia doctrinaria y falta de control de los órganos de inteligencia ha impedido una operación eficaz. La naturaleza secreta con la que operan, puede incluso atentar contra el propio Estado, como ha sucedido en el caso argentino.

El legado clientelar y partidista de estas instituciones es uno de los problemas más visibles. Otro caso que ilustra esta tesis, es el de las “chuzadas” –o interceptaciones ilegales- en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe en contra de políticos, magistrados y periodistas de oposición. Como consecuencia, la Corte Suprema de Justicia ha condenado a la exdirectora del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) –hoy Agencia Nacional de Inteligencia-, María del Pilar Hurtado por tales actividades.

Los escándalos relacionados con las estructuras de inteligencia se han incrementado notablemente en casi toda la región, cuyo factor común ha sido operar más allá del propio Estado. Ante aquello, se coloca como prioridad establecer mecanismos de control integrales y fuertes desde los distintos poderes del Estado, sobre todo, desde el ejecutivo y el legislativo. Es necesario, que la institucionalidad de inteligencia responda con claridad a un plan estratégico en el que se incluyan las principales amenazas del Estado. Por ahora, problemas como el narcotráfico y el ciberespionaje deben revestir los objetivos principales de operación de la inteligencia en América Latina.

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