Cultura y los temas de nuestro tiempo- 1

Por Glauber Piva
Con este artículo, comenzaré una serie que contendrá tres artículos en los que se discutirán algunos aspectos importantes sobre la política pública de cultura en América Latina. La idea es llamar a los gestores públicos y militantes del mundo de la cultura a pensar en la relación entre cultura y Estado, cultura y creadores, cultura y mercado.

El gran desafío de las políticas públicas de cultura, es crear un ambiente y un proceso que deje abierto un nivel de diálogo con las grandes causas de nuestro tiempo y, concomitantemente, que sean relevantes para las personas. Es innegable que la cultura ocupa un lugar prominente en la escena contemporánea, pero es necesario ir más allá y hacer frente a la fragilidad con que nuestras sociedades se ocupan de sus propias manifestaciones culturales, con arreglos productivos y creativos de carácter colectivo y solidario con impacto real en el ambiente urbano, pero ignorados por el mainstream, y con la propia insignificancia de la cultura en los presupuestos públicos de los países.

Para una comprensión de la cultura, relacionada a la gestión pública, es necesario revelar su relación con el Estado, pero cabe también afirmar que el Estado no produce cultura. Además, en el significado antropológico, el propio Estado, visto como instancia política compleja, es fruto de imaginación y del trabajo humano, por lo tanto, también expresión de cultura.

¿Si el Estado no es productor de cultura ni instrumento para su consumo, qué relación puede él tener con ella? Puede concebirla como un derecho del ciudadano y, por lo tanto, asegurar su derecho al acceso a las obras culturales producidas, particularmente el derecho de gozar de ellas, el derecho de disfrutarlas, el derecho de hacerlas, es decir, producirlas, y el derecho de participar de las decisiones sobre políticas culturales (Chauí, 2006) [1].

La política pública de cultura, a partir de esta perspectiva, permite una visión nueva de los temas culturales, desde el protagonismo de los ciudadanos que, en este caso, dejan de ser considerados consumidores de cultura y clientes de las políticas del Estado para convertirse en “ciudadanos culturales”.

Se trata, por lo tanto, de una política cultural definida por la idea de la ciudadanía cultural, donde la cultura no se reduce al superfluo, al ocio, a los estándares del mercado, a la oficialidad doctrinal (eso es ideología), pero se realiza como derecho de todos los ciudadanos, el derecho a partir del cual la división social de clases, o la lucha de clases, pueda manifestarse y ser trabajada porque, en el ejercicio del derecho a la cultura, los ciudadanos, como sujetos sociales y políticos, si distinguen, entran en conflicto, comunican y cambian sus experiencias, rechazan formas de cultura, crean otra y se mueven todo el proceso cultural” (ídem) .

Estos postulados conceptuales de gestión pública, de los derechos culturales y del papel del Estado, han sido muy valorizados en los últimos años en diferentes países – principalmente Brasil, Bolivia y Uruguay -, en debates y definiciones del aparato jurídico-institucional respecto de cultura, injiriendo la cultura en el rol de los derechos básicos de la ciudadanía y reconociendo la promoción de la diversidad cultural, organizando, en el ámbito estatal, de manera clara y transparente, los mecanismos políticos de acceso, desconcentración de recursos, aumento de las informaciones, democratización del conocimiento y participación de los órganos de cultura en los procesos de desarrollo socioeconómico y abriendo posibilidades para incremento de la economía de la cultura y el desarrollo local y comunitario.

Sin embargo, más allá de las cuestiones conceptuales y de la disputa política, es urgente que los Estados nacionales traduzcan tales ideas en foros de participación y democratización de la democracia.

La combinación de esos elementos – ciudadanía cultural, institucionalización de la cultura en el aparato del Estado y la perspectiva de las políticas públicas de cultura –, dependerá, inevitablemente, de la ampliación de los límites de la democracia representativa, en dirección a modelos democráticos más participativos.

Esta propuesta va mucho más allá de las visiones elitistas de la democracia, que la consideran más como una herramienta con procesos formales, encerrada en la elección de representantes y en el cumplimiento frío de sus normas. La fluidez y el dinamismo de la cultura exigen otros patrones de ejercicio de la vida política.

[1] CHAUÍ, Marilena. Cidadania Cultural. São Paulo, Ed. Fundação Perseu Abramo, 2006. (tradución nuestra)

 

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